Por Karen Villalobos
‘’Yo ya no puedo ser mamá, tengo una hija chiquita, tengo un hijo de 18 años, estoy viviendo en la calle, ¿Cómo voy a mantener a otro niño?’’ le decía Rosario a Alexa, coordinadora y educadora en El Caracol, una organización que trabaja por los derechos de la población callejera. Rosario tenía 12 semanas y 6 días cuando buscó acceder a un aborto, la respuesta que recibió fue que el límite eran 12 semanas, por lo que ella ya no podía interrumpir su embarazo de forma legal.
En México, el aborto se regula a nivel local y es considerado un delito con causales de no punibilidad, es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga. Los códigos penales de cada entidad establecen cuáles son estos motivos de no punibilidad, lo que en la práctica se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres tienen más o menos derecho de acceder a un aborto legal, acorde a su lugar de residencia.
En la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes y Puebla, el aborto está despenalizado al menos durante las primeras 12 semanas de gestación. A nivel nacional, la única causal legal que se contempla es cuando el embarazo es producto de una violación sexual (Nom-046).
Rosario se quedó con el señalamiento de que era imposible interrumpir su embarazo y decidió continuarlo. ‘‘Nosotras le decíamos que había que chingarle para que la o el bebé que naciera, no pasara todo eso que a ella le daba miedo. Y así fue, porque en aquel momento sabíamos nada de aborto legal, teníamos poca información y nos ocupábamos de forma prioritaria en otros temas que se atienden en calle’’, cuenta Alexa.
Según el Diagnóstico de Derechos Humanos de la Ciudad de México (2020), a las mujeres de la población callejera se les niega la maternidad con el argumento de que la falta de recursos las incapacita para ejercerla. Además, cuando acceden a servicios de salud, comúnmente viven violencia obstétrica, se les obliga a firmar documentos autorizando métodos anticonceptivos permanentes o la adopción de sus hijes. También hay casos donde se les dice que sus hijes murieron y las regresan a su punto de calle.
‘’Nosotros nos enfrentamos constantemente a una doble moral de la sociedad y las instituciones, porque primero las ven mal y las juzgan por tener a sus hijos en la calle, pero también les dicen: <<no, cómo vas a abortar, es tu bebé, Dios te va a castigar>>, cuenta Luis Enrique, director de El Caracol. La idea de la maternidad en la calle se vincula con el Estado, con tener personas que produzcan y romper las cadenas de herencia, es decir, evitar que nazcan niñeces en la calle, no por protegerles, sino como un acto de ‘‘limpieza social’’, continúa Luis.
En la sociedad solo existe una forma de “ser madre”, que requiere cumplir con criterios morales, físicos y económicos (por mencionar algunos). Los estereotipos de género y la discriminación hacia las mujeres de la población callejera las etiqueta como ‘‘malas madres, irresponsables, adictas’’. Esa es la representación que ellas cargan y el motivo por el cual el Estado realiza acciones sin adoptar medidas especiales de protección, profundizando con ellas las desigualdades y violencias que experimentan por vivir en calle.
‘‘Nunca pensamos en ellas y cuando lo hacemos, siempre es de forma negativa: <>. Y no solo la sociedad, también el Estado entra ahí para decir que no pueden ejercerse una maternidad en la calle’’, señala Alehi, abogada de documentación en GIRE.
Lo que ocurre entonces es que el Estado sin preguntar o aplicando entrevistas limitadas, decide retirar a las niñas y niños, quedando en resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), pese a que las niñeces y juventudes que han estado ahí lo ven como un lugar peligroso. Entre el 2017 y el 2023, El Caracol ha llevado frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 15 quejas por separación familiar de población callejera, sin embargo, a la fecha no se ha entregado ninguna determinación de los casos.
Después del 2007, con la despenalización del aborto en el aquel entonces Distrito Federal, y la creación de las redes sociodigitales, el tema del aborto encontró plataformas más amplias y descentralizada para brindar información. El uso de estas redes permitió que las voces y las historias se multiplicaran y alcanzaran otros espacios. Sin embargo, estas discusiones acerca de los alcances del derecho a la salud reproductiva, están muy alejadas de la realidad que viven las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar de la población callejera.
Aún con los avances en material legal, las personas que pueden acceder a un aborto deben tener una serie de recursos que les permitan saber que ese es su derecho, para luego entender en qué condiciones pueden hacerlo, a dónde pueden acudir, quiénes les pueden acompañar durante el proceso, así como una red de apoyo que les ayude a gestionar todo ese caminar.
Las mujeres de población callejera carecen de todos estos recursos, no hay quienes estén al pendiente de su salud reproductiva, no figuran en los programas del Estado para las poblaciones vulnerables, aunque les nombren como grupos de atención prioritaria, la realidad es que no existen políticas públicas que atienda sus necesidades específicas, porque ni siquiera se les conoce.
‘‘A nosotras las mujeres no vienen y nos dicen: oye, tengo semanas sin menstruar. Normalmente nos enteramos cuando los embarazos ya van muy avanzados, y si logramos enterarnos a tiempo para acceder a un aborto legal, hay otra serie de dificultades que tenemos que aventarnos’’, señala Alexia. Aunque los perfiles de la población callejera son heterogéneos, comparten algunas condiciones de salud debido a su contexto de calle. El Caracol ha llevado un registro de las mujeres, jóvenes y niñas que acuden a la organización en busca de algún acompañamiento, y en él han podido identificar sus condiciones físicas y psicológicas:
- Condiciones Físicas: mala alimentación, problemas de lenguaje, consumo de sustancias, enfermedades respiratorias, deshidratación, enfermedades gástricas, lesiones en la piel, ITS, daño neuronal y orgánico.
- Condiciones Psicológicas: hiperactividad, frustración, sueño alterado, miedo, estrés, intolerancia, ansiedad, tristeza, depresión, discapacidad psicosocial y consumo problemático de sustancias.
Las mujeres y jóvenes de la población callejera consumen sustancias porque de ese modo lidian con dolores, preocupaciones, miedo y todo lo que les genera vivir en calle. Por ello, el acceso a la salud reproductiva en esta población tiene implicaciones particulares.
Sandy se acercó a El Caracol por consumo de sustancias, durante ese proceso se dieron cuenta de que estaba cursando un embarazo, por lo que buscaron un acompañamiento de la mano con una organización aliada que llevara casos de salud reproductiva, en ese momento se contactaron con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Cuando se acompañó a Sandy, se hicieron varias modificaciones al protocolo de acompañamiento que GIRE sigue, ya que no había un número de teléfono donde localizarla, un lugar, ni horarios específicos. Fue con ayuda de El Caracol que se logró hacer una videollamada en la que GIRE pudo darle a Sandy la información necesaria para que ella pudiera decidir qué hacer.
‘’Era muy importante que ella entendiera todo lo que iba a suceder y que la decisión que tomara fuera totalmente suya. Cuando acepta el acompañamiento, nosotras iniciamos gestiones en un servicio particular, ya que si se buscaba el acceso vía salud pública, habría un tema de estigma y seguramente un retraso en el servicio, y era algo que ya no estábamos en posibilidad de hacer’’, nos cuenta Alehi, abogada de documentación y acompañante en GIRE.
Aunque se intentó acceder vía transparencia al número de mujeres pertenecientes a la población callejera que habían solicitado y accedido a una interrupción legal del embarazo (ILE) o una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), no se obtuvo dato alguno, ya que ninguna instancia de salud pública llevaba registro de las personas de calle que se atienden.
Por cuestiones de salud, Sandy tuvo que someterse a una cirugía, por lo que necesitaba tener días de reposo absoluto y otros cuidados postoperatorios, no podía sólo ser regresada a su punto de calle. Entre ambas organizaciones lograron que se le permitiera recibir los cuidados necesarios durante dos semanas en una clínica, sin embargo, comenzó a tener problemas derivados del consumo de sustancias.
‘’Nos dimos cuenta que el que ella estuviera en ese proceso de recuperación, le implicaba un tema de abstinencia completa, ahí también tuvimos que enfrentarnos a un tema de estigma desde el sector salud. Había días bien complicados donde ella decía: <>. Porque aparte estaba encerrada en un cuarto de hospital. ’’ siguió contándonos, Alehi. Al final, los temores que existían por el estigma de que Sandy fuera una joven de población callejera que consumiera sustancias, no sucedieron, pero sí hubo que suspender parte del tratamiento que llevaba por el consumo, para evitar que interfiriera con la interrupción del embarazo.
Ella logró recuperarse en el hospital, su pareja también perteneciente a la población callejera, pudo visitarla y acompañarla en el proceso. La historia de Sandy y la de Rosario, habría sido distinta si organizaciones de la sociedad civil no hubieran intervenido, ya que acceder a un servicio de salud básico, como una consulta médica, está repleto de barreras para la población callejera. Desde la negativa de permitirles el acceso a las instalaciones por motivos de higiene, hasta darles un mal diagnóstico para que se retiren rápido.
Actualmente, no existe un tratado internacional específico que comprometa a los Estados a proteger los derechos de la población callejera debido a su perfil heterogéneo, en el que coexisten niñeces, juventudes, mujeres, hombres, personas de la comunidad LGBTI+ y personas adultas mayores. En marzo de 2020 se hizo público el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de México, pero a la fecha no hay claridad en su aplicación ni seguimiento de su cumplimiento. La invisibilización que experimenta esta población les impide, entre muchas otras cosas, ejercer sus derechos humanos y a nosotras como sociedad, vigilar que se les respeten.
Que las maternidades sean deseadas y el aborto legal, seguro y accesible para todes.
Esta entrada fue una de las seleccionadas como ganadora para el concurso “Escritura sobre aborto” realizada en colaboración con Abortion Data, ayudaparaabortar, CómoAbortarConPastillas y MxM Fundación.