Por Sarahí Maldonado
El aborto es una práctica que se ha venido realizando desde hace miles de años y que no dejará de existir pese a los obstáculos que se imponen desde la sociedad, el Estado y sus instituciones, y por una cultura dominante que sigue replicándose para controlar la sexualidad de las mujeres y lo femenino.
En Ecuador como en otros partes del mundo, existen resistencias cotidianas que se han creado y sostenido para defender el aborto seguro. Estas resistencias ponen en el centro a la autonomía, la decisión y la defensa de la vida digna de las mujeres y de toda persona con capacidad de abortar, como expresión de la justicia reproductiva y feminista que queremos construir.
La penalización del aborto en Ecuador y el acompañamiento feminista como respuesta
Penalizar el aborto es un intento por anular la autonomía de las mujeres y desconocerlas como sujetas de derechos. El aborto seguro y acompañado es una respuesta concreta y feminista frente a un contexto restrictivo que vulnera y expone a riesgos evitables a miles de mujeres y personas con capacidad de abortar que cada año deciden practicarse un aborto.
Según el Código Integral Penal-COIP en su Art. 150, el aborto es legal en Ecuador sólo bajo las siguientes causales:
- Cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro con la continuación del embarazo, y este peligro no es evitable por medios adecuados, convenientes y accesibles para la mujer.
- Cuando la continuación del embarazo implica un riesgo para su salud (entendiéndose esta como salud integral) y no es evitable por medios adecuados, convenientes y accesibles para la mujer.
- Cuando el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad
Esta última causal de aborto legal por violación a mujer con discapacidad, fue modificada el 28 de abril del 2021, gracias a un fallo de la Corte Constitucional del Ecuador que revisó siete demandas de inconstitucional interpuestas por organizaciones de mujeres y feministas para exigir al estado el aborto legal en todos los casos de violación, pues negarlo viola varios derechos humanos fundamentales como la vida, salud, justicia, igualdad, el derecho a una vida libre de violencias, discriminación y expone a tratos crueles y degradantes al obligar a las sobrevivientes de violencia sexual a continuar con el embarazo.
La implementación de este fallo no será una tarea fácil, es por eso que las organizaciones feministas han remitido a las instancias pertinentes los insumos para garantizar que los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres sean precautelados y se impida aquellos condicionamientos que representan barreras de acceso a las ya limitadas causales y marco legal del aborto en el país, tales como, plazos, denuncias previas, declaraciones juramentadas o autorizaciones de representantes en el caso de adolescentes.
Despenalizar el aborto significa quitar la condena legal que pesa sobre esta práctica. Actualmente se lo considera un delito, y delincuentes a quienes lo realizan. Por tanto, millones de mujeres somos estigmatizadas de esta manera y convivimos en una sociedad que se construye desde el punitivismo, desde el aferramiento a un paradigma de violencia e imposición patriarcal que recae y se sostiene sobre nuestros cuerpos y la anulación de lo que decidimos para nuestras vidas.
La defensa del aborto legal, seguro, libre, gratuito, acompañado, feminista es la bandera de lucha y bastión del territorio que no cederemos. Nuestros cuerpos y nuestra lucha incluyen la desclandestinización y despenalización social del aborto, lo que implica hablarlo y reconocer las vivencias, emociones, motivos, historias de nuestros abortos que son parte de nuestras historias de vida.
Los abortos acompañados en un contexto de penalización, convierten a cada aborto en un acto político de desobediencia que se sostiene de manera colectiva y se construye desde otro tipo de sentidos y apuestas.
Lo que revelan las cifras
Nos encontramos frente a una realidad lacerante que criminaliza a mujeres por abortar y las revictimiza obligándolas a maternar. Nos encontramos también con políticas públicas que quedan en el papel o sin presupuesto suficientes para prevenir y atender los impactos de la violencia patriarcal que asecha a las mujeres y que es la causa de algunas de las siguientes cifras:
- De acuerdo al Ministerio de Salud (2017), se calcula un aproximado de 87.000 embarazos no intencionados por año en Ecuador; de los cuales el 53%-es decir 46.000-, concluye en abortos.
- El 15,6% de muertes maternas en el país están relacionadas con abortos en condiciones inseguras, según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017–2021 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Además, es importante destacar que el 83% de esas muertes maternas pudieron ser evitadas.
Lo importante tras estas cifras es reconocer, por un lado, que el problema no radica en el aborto en sí, sino en la penalización y consecuencias del aborto inseguro. Y, por otro lado, en identificar cuáles son los perfiles de las mujeres afectadas de estas políticas restrictivas y criminalizadoras, que en su mayoría son las aquellas que viven en zonas rurales o urbano-marginales empobrecidas, las mujeres jóvenes, indígenas y afrodescendientes, o las que carecen de servicios básicos y saneamiento ambiental, que tienen deficientes vías de acceso y unidades educativas (OMS, Guttmacher 2018). Estas cifras dan cuenta que penalizar el aborto, es penalizar la pobreza.
Otra expresión de esta violencia y desigualdad estructural como consecuencia de la penalización del aborto, es que el 44,3% de mujeres que se embarazaron (15 a 24 años) interrumpió sus estudios y no volvieron a estudiar (Plan Nacional SSYSR, 2017). Se debe tomar en cuenta que el embarazo afecta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y jóvenes; lo que refuerza los círculos de violencia, pobreza y exclusión.
La pandemia por el Covid-19 y la gestión gubernamental que en el caso de Ecuador ha sido desastrosa, ha afectado directamente la provisión de servicios vitales como la salud sexual y salud reproductiva. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, 2020) estima que una reducción de tan sólo el 10% de estos servicios puede derivar en 3.3 millones de abortos inseguros y en 29.000 muertes maternas en un año a nivel mundial.
Este escenario de desolación y desatención en salud sexual y reproductiva (SSR), es el principal reto que enfrentamos como sociedad ecuatoriana de cara al 2021 y los años que vienen para revertir las secuelas de una pandemia agravada por la desigualdad de un sistema indolente que no tiene voluntad política para mejorar las condiciones de vida de las personas especialmente de las mujeres y niñas.
El acompañamiento feminista como expresión de demandas históricas de los movimientos sociales
La lucha por la despenalización del aborto en Ecuador nos ubica en la década de los 80´s. El movimiento feminista, con sus matices y divergencias, ha asumido el aborto legal y seguro como expresión histórica de una demanda en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Lo ha hecho como parte de un ejercicio de autonomía y autodeterminación de los cuerpos y decisiones legítimas en el marco de los derechos sexuales y reproductivas de las mujeres, en tanto sujetas políticas y sujetas de derechos.
La década de los 80´s en Ecuador fue un período álgido que conjugó corrientes distintas de los feminismos y el accionar político y organizativo en el país. Por un lado, un feminismo más liberal que incidía en la agenda pública posicionando aquellas reflexiones y acuerdos regionales y globales que se estaban consolidando en arenas de la incidencia política y el derecho internacional. Hablamos de convenciones, tratados, conferencias convocadas por Naciones Unidas, debates sobre la paridad y la participación política de las mujeres, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la agenda en defensa de una vida libre de violencias.
Y, por otro lado, el fortalecimiento de las demandas y acciones sostenidas históricamente por sectores sociales sobre todo de mujeres indígenas, campesinas y trabajadoras organizadas, en contra de un modelo colonial, racista y neoliberal en lo económico, político y cultural.
Los movimientos feministas alrededor del mundo han posicionado en la agenda pública la autonomía, la justicia social y los cuidados, como ejes nodales que se enlazan con las demandas por abortos legales, seguros y gratuitos; pero también, abortos acompañados y feministas.
Además, durante años se sostiene un trabajo organizativo, académico e institucional a favor de una educación sexual integral que permita dimensionar a la sociedad en su conjunto, las complejidades de las relaciones humanas que se expresan en la sexualidad.
El acompañamiento feminista para abortos seguros
El acompañamiento feminista en abortos es una de las expresiones de esas fisuras y alternativas que se han construido al margen del Estado, y que se basan en la acción directa, la autogestión y el ejercicio político que reconoce como legítimo, el derecho de abortar.
El acompañamiento feminista tiene el potencial de transformar las opresiones patriarcales sobre nuestros cuerpos, deseos y vidas, a partir de la organización social y la organización de mujeres; convirtiendo y politizando la experiencia particular y volviéndola una experiencia colectiva. Esta es una de las maneras de cómo aterriza una de las consignas más profundas e importantes de los feminismos: ‘lo personal es político’.
Acompañar las decisiones abortivas es incorporar los cuidados y la ética feminista en el ‘quehacer comadrero’, un quehacer que hace alusión a la complicidad necesaria para tejer resistencias cotidianas y accionar colectivamente frente a un contexto desalentador que atenta contra la vivencia de una sexualidad segura, placentera, libre de violencias y opresiones.
Desde distintas latitudes se han creado diferentes iniciativas para enfrentar al patriarcado capitalista y colonial sobre nuestros cuerpos, con estrategias de información, acompañamiento o acciones en el espacio público, digital, institucional, entre otros. Encontramos, por ejemplo, las redes de acompañamiento feministas en América Latina y el Caribe generadoras de un conocimiento situado sobre aborto seguro y feminista con un accionar directo que responde a las necesidades concretas y cotidianas de las mujeres y de toda persona que requiera un aborto.
También existen esfuerzos más institucionales, académicos o sectoriales que, como safe2choose y su plataforma para informar sobre aborto con medicamentos, derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción y sexualidad, aportan en la reducción de brechas de acceso a información clave para el ejercicio de la salud sexual y reproductiva y aportan en la promoción del derecho a decidir.
Estas y otras iniciativas se sostienen desde lo local, teniendo en algunos casos, alcances regionales o globales, y dan cuenta de un esfuerzo y compromiso feminista por la salud, vida e integridad de las mujeres y de toda persona con capacidad de abortar, como parte de la justicia social y reproductiva.
Las Comadres, red de acompañamiento en abortos de Ecuador
“Las Comadres” es una organización feminista de Ecuador que atiende una línea telefónica (+593 998883339) y agenda encuentros de mujeres y personas con capacidad de abortar para ser acompañadas por una comadre antes, durante y después de su proceso de aborto. De esta manera se inicia un proceso que incluye la información completa y actualizada sobre aborto seguro con medicamentos (protocolo combinado mifepristona y misoprostol con 98% efectividad). Las Comadres facilitan los contactos para el acceso seguro a los medicamentos, evitando la exposición a cadenas de extorsión y estafa consecuencia de la penalización del aborto; deriva donde médicas, psicólogas o abogadas feministas y comprometidas con el derecho a decidir, como parte de una red más amplia de contención y acompañamiento en caso de ser necesario o si las mujeres así lo solicitan.
Las Comadres no son un servicio de salud sexual y reproductiva; no son tampoco una clínica de abortos, ni siquiera son promotoras de salud. Las Comadres son la unión de mujeres diversas y feministas que confabulan contra el patriarcado y entretejen resistencias colectivas, sosteniendo un proceso organizativo que día a día pone en valor, desde el cuidado, el respeto y la escucha activa, la decisión de una mujer y de toda persona que requiera de un aborto seguro y acompañado.
De esta manera, miles de mujeres en Ecuador han sido acompañadas por Las Comadres desde el 2015, año en el que se dio a conocer públicamente la Red. Las Comadres son el resultado de un proceso previo de acciones feministas radicales que marcaron hitos importantes en el proceso de despenalización del aborto en Ecuador y forman parte del acumulado histórico de una lucha del movimiento de mujeres y feministas del país por revertir las violencias múltiples basadas en género al que se enfrentan permanentemente las niñas, adolescentes, mujeres y disidencias sexuales.
Y es que la lucha por el aborto legal y la despenalización total nos ubica en una de las grandes demandas del movimiento feminista no sólo en Ecuador sino en toda América Latina y el mundo. No como una expresión aislada o coyuntural, sino por el contrario, como expresión clara de una legítima e histórica demanda en defensa de la justicia reproductiva, la autonomía y autodeterminación de los cuerpos y decisiones sexuales y reproductivas de las mujeres y personas con capacidad de abortar.
*Sarahí Maldonado es integrante de Las Comadres, red de acompañamiento en aborto de Ecuador. Tiene experiencia en procesos formativos en derechos sexuales y reproductivos, aborto seguro, salud comunitaria, derechos humanos; maneja herramientas metodológicas basadas en la propuesta pedagógica de la educación popular y feminista. Investigadora y técnica en áreas como desarrollo local, gestión ambiental, fortalecimiento organizativo e incidencia política.
Bibliografía:
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. (2017). Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Quito-Ecuador.
2. Institute, G. (2018). Hoja informativa: Aborto en América Latina y el Caribe.New York.
3. Organization, W. H. (2012). Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva: Library
Cataloguingin Publication Data.
4. Código Orgánico Integral Penal. Ley. Adoptado el 28 de enero del 2014
5. Timothy Roberton, Emily Carter, Victoria Chou, Angela Stegmuller, Bianca Jackson, Yvonne Tam, Talata Sawadogo-
Lewis, Neff Walker, (2020). Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and
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https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext