El aborto en Perú sólo es legal cuando se encuentra en peligro la vida de la embarazada o si puede haber un daño grave y permanente a su salud.
En Perú no se permite el aborto a petición. La única vía legal, el aborto terapéutico, está descrita en el artículo 119 del Código Penal (1924) y aclarada en la Guía Técnica del Ministerio de Salud de 2014. Permite la interrupción cuando el embarazo es el único medio para evitar la muerte o graves daños a la salud a largo plazo. No existe un límite gestacional en la ley, aunque la guía se centra en los embarazos antes de las 22 semanas [2].
Para ello, una junta médica debe certificar el riesgo para la salud, a veces haciendo referencia a una lista de once afecciones específicas o a supuestos más amplios de "patología materna" (por ejemplo, preeclampsia severa, enfermedad cardíaca avanzada o malformaciones fetales incompatibles con la vida). Aunque la ley no exige informes policiales o judiciales, los profesionales sanitarios pueden enfrentarse a trabas institucionales, estigmatización y miedo a ser procesados judicialmente [1].
A pesar del marco legal, los abortos inseguros siguen siendo frecuentes en Perú. Estudios recientes [3,4] estiman que aproximadamente el 19% de las mujeres peruanas de 18 a 49 años han tenido al menos un aborto en su vida, la mayoría entre los 19 y 29 años. Alrededor de un tercio de estas mujeres requirieron hospitalización debido a complicaciones derivadas de procedimientos inseguros.
Cada año, alrededor de 50.000 mujeres en Perú buscan tratamiento en centros de salud pública por complicaciones relacionadas con abortos inseguros, lo que hace resaltar un persistente y grave problema de salud pública. Aunque las cifras exactas de mortalidad varían, el aborto inseguro sigue contribuyendo significativamente a la morbilidad y mortalidad maternas en el país.
